Ayer la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que aglutina a 40 entidades, presentó su informe de 2017 en el que presta especial atención al dispositivo policial del 1-O y que considera que algunas actuaciones policiales «encajan absolutamente con la definición de tortura y maltrato».En rueda de prensa, Serra, abogada de la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), ha expresado que el concepto de tortura engloba el sufrimiento físico y mental, la incertidumbre y la violencia simbólica y que el 1-O tuvo como finalidad el castigo: «Fue una operación de escarmiento colectivo». (movimiento político de resistencia)