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Mientras el aparato judicial no puede tramitar las reclamaciones masivas de despidos ilegales, impagos de sueldos, ERTEs sin cobrar o miles de recursos a multas de estos días por las restricciones de la pandemia, sí que hay tiempo para quedarse con el dinero de más de 100 tabernas.
Fue en 2016 cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del caso 35/02, la cual se ha empezado a ejecutar, evidenciando que la persecución política con las calles vacías sí es una urgencia para la judicatura española. / Ver: izquierda diario via lahaine.org / Mais info: argia.eus