Álvaro (nombre ficticio) trabajaba mientras cumplía condena en una prisión española. Su traslado a otro centro penitenciario le supuso la pérdida de su empleo y de su escaso salario, y no le generó derecho a indemnización, todo a pesar de que la empresa para la que trabajaba seguía prestando servicio en su anterior prisión. A ojos de la legislación, su caso no era un despido porque, a pesar de que trabajaba, no se trataba de una relación laboral ordinaria.Él es uno de los 12.404 reclusos de los 60.000 que hay en España que trabajaron para la Administración o para empresas privadas en 2015 y que apenas tienen derechos laborales. (eldiario.es)
