Tras la escandalosa designación, a finales de 2009, de la Oficina del Defensor del Pueblo español como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la actual titular María Luisa Cava de Llano, antigua diputada del PP, resaltó que «lo que vamos a hacer, lo venimos haciendo desde hace muchos años». Y efectivamente, la actuación posterior de dicha Oficina con respecto a la tortura ha sido la misma que ha mantenido desde su creación en 1981. La de ocultar la existencia de esa lacra en lugar de combatirla.
Valga como ejemplo de su inacción frente a la tortura que en todos sus informes anuales de Recomendaciones y Sugerencias (suman ya más de 10.000 páginas) la palabra «tortura» se menciona una sola vez; en concreto, en la página 323 del informe de 1996. Y encima fue para afirmar que la alimentación forzosa de detenidos en huelga de hambre «en modo alguno puede calificarse de tortura o tratos inhumanos o degradantes», aunque para ello se empleen medios coercitivos.
Otro ejemplo de su indigna actitud ante la tortura es la respuesta que dio el anterior Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a la siguiente pregunta de la revista «Aurora Israelí» en junio del 2007:
«- Días atrás Amnistía Internacional (AI) publicó un informe muy crítico contra Israel. ¿Cómo considera ese reporte?»
«Le doy una opinión que puede aplicarse. AI denunció malos tratos y tortura a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad de España. Yo le aseguro que es totalmente falso. La organización terrorista ETA se queja de que el Estado ejerce violencia sobre ellos cuando son interrogados y eso es mentira. Por lo tanto, yo le digo lo que pasa en mi país, un Estado democrático. Si alguien comete malos tratos, es condenado con seguridad. Creo que en Israel puede pasar lo mismo que en España.»
Con esos antecedentes, no ha sido nada de extrañar que, en su primer año de actuación en tanto que MNPT, la Defensoría del Pueblo afirme no haber detectado un sólo caso de tortura y se haya desentendido absolutamente de los detenidos incomunicados que son los más indefensos ante ella, como han denunciado una y otra vez los organismos internacionales que se ocupan de esa lacra.
El único de ellos que no ha pedido aún la supresión de la incomunicación es el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), pero incluso ese organismo le da mil vueltas al MNPT, ya que en sus periódicas visitas al Estado español siempre ha recabado información sobre casos de detenidos incomunicados. Y tras entrevistarlos, ha recogido en sus informes numerosas denuncias sobre dichos casos.
Así, tras su última visita, realizada en 2007, el CPT redactó un informe en el que se recoge ampliamente el caso de 11 detenidos en una operación antiterrorista entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2007, ocho de los cuales pudo entrevistar. Dicho informe no ha podido ser conocido hasta hace poco porque las autoridades españolas lo han retenido impidiendo su publicación durante más de tres años.
En él, tras recoger y describir las torturas denunciadas, el CPT afirma que «No tiene duda alguna de que la mayoría de dichos detenidos fueron interrogados mientras estaban incomunicados por la Guardia Civil, generalmente en numerosas ocasiones, con anterioridad a la declaración formal realizada en presencia de un abogado». Interrogatorios absolutamente ilegales que fueron «de muy larga duración y/o en horas nocturnas» y en los que se les obligó a memorizar lo que debían declarar ante el abogado de oficio.
También afirma que «los informes forenses contienen numerosos elementos que harían necesaria una pronta investigación, pero no parece que se haya llevado a cabo ninguna». Y finalmente concluye que «las autoridades españolas no están en condiciones de refutar las alegaciones de malos tratos o de llevar a cabo unas investigaciones adecuadas sobre dichas alegaciones».
En visitas anteriores el CPT ha realizado denuncias aún más contundentes sobre detenidos vascos incomunicados y torturados, véase los casos de Joxe Domingo Aizpurua y otra decena de detenidos en 1994 y el de Josu Arkauz en 1997, y es muy probable que las vuelva a realizar tras su próxima visita este mismo año al Estado español.
Eso sí, seguro que de nuevo tendremos que esperar numerosos años para conocer su informe, porque las autoridades españolas, como han hecho hasta ahora habitualmente, lo volverán a bloquear.
Como bloquearon la creación del MNPT hasta que, haciendo caso omiso de la firme oposición de todas las organizaciones estatales de Derechos Humanos, impusieron para tal función al Defensor del Pueblo, convirtiendo lo que debía ser un Mecanismo Nacional de Prevención en otro de Ocultación de la Tortura. Y así hay que denunciarlo alto y fuerte ante los organismos internacionales que sí se ocupan realmente de la prevención de la tortura. Porque la presión internacional va a ser determinante a la hora de obligarles a acabar de una vez por todas con esa terrible lacra.
En nuestras manos está el conseguirlo.
Valga como ejemplo de su inacción frente a la tortura que en todos sus informes anuales de Recomendaciones y Sugerencias (suman ya más de 10.000 páginas) la palabra «tortura» se menciona una sola vez; en concreto, en la página 323 del informe de 1996. Y encima fue para afirmar que la alimentación forzosa de detenidos en huelga de hambre «en modo alguno puede calificarse de tortura o tratos inhumanos o degradantes», aunque para ello se empleen medios coercitivos.
Otro ejemplo de su indigna actitud ante la tortura es la respuesta que dio el anterior Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a la siguiente pregunta de la revista «Aurora Israelí» en junio del 2007:
«- Días atrás Amnistía Internacional (AI) publicó un informe muy crítico contra Israel. ¿Cómo considera ese reporte?»
«Le doy una opinión que puede aplicarse. AI denunció malos tratos y tortura a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad de España. Yo le aseguro que es totalmente falso. La organización terrorista ETA se queja de que el Estado ejerce violencia sobre ellos cuando son interrogados y eso es mentira. Por lo tanto, yo le digo lo que pasa en mi país, un Estado democrático. Si alguien comete malos tratos, es condenado con seguridad. Creo que en Israel puede pasar lo mismo que en España.»
Con esos antecedentes, no ha sido nada de extrañar que, en su primer año de actuación en tanto que MNPT, la Defensoría del Pueblo afirme no haber detectado un sólo caso de tortura y se haya desentendido absolutamente de los detenidos incomunicados que son los más indefensos ante ella, como han denunciado una y otra vez los organismos internacionales que se ocupan de esa lacra.
El único de ellos que no ha pedido aún la supresión de la incomunicación es el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), pero incluso ese organismo le da mil vueltas al MNPT, ya que en sus periódicas visitas al Estado español siempre ha recabado información sobre casos de detenidos incomunicados. Y tras entrevistarlos, ha recogido en sus informes numerosas denuncias sobre dichos casos.
Así, tras su última visita, realizada en 2007, el CPT redactó un informe en el que se recoge ampliamente el caso de 11 detenidos en una operación antiterrorista entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2007, ocho de los cuales pudo entrevistar. Dicho informe no ha podido ser conocido hasta hace poco porque las autoridades españolas lo han retenido impidiendo su publicación durante más de tres años.
En él, tras recoger y describir las torturas denunciadas, el CPT afirma que «No tiene duda alguna de que la mayoría de dichos detenidos fueron interrogados mientras estaban incomunicados por la Guardia Civil, generalmente en numerosas ocasiones, con anterioridad a la declaración formal realizada en presencia de un abogado». Interrogatorios absolutamente ilegales que fueron «de muy larga duración y/o en horas nocturnas» y en los que se les obligó a memorizar lo que debían declarar ante el abogado de oficio.
También afirma que «los informes forenses contienen numerosos elementos que harían necesaria una pronta investigación, pero no parece que se haya llevado a cabo ninguna». Y finalmente concluye que «las autoridades españolas no están en condiciones de refutar las alegaciones de malos tratos o de llevar a cabo unas investigaciones adecuadas sobre dichas alegaciones».
En visitas anteriores el CPT ha realizado denuncias aún más contundentes sobre detenidos vascos incomunicados y torturados, véase los casos de Joxe Domingo Aizpurua y otra decena de detenidos en 1994 y el de Josu Arkauz en 1997, y es muy probable que las vuelva a realizar tras su próxima visita este mismo año al Estado español.
Eso sí, seguro que de nuevo tendremos que esperar numerosos años para conocer su informe, porque las autoridades españolas, como han hecho hasta ahora habitualmente, lo volverán a bloquear.
Como bloquearon la creación del MNPT hasta que, haciendo caso omiso de la firme oposición de todas las organizaciones estatales de Derechos Humanos, impusieron para tal función al Defensor del Pueblo, convirtiendo lo que debía ser un Mecanismo Nacional de Prevención en otro de Ocultación de la Tortura. Y así hay que denunciarlo alto y fuerte ante los organismos internacionales que sí se ocupan realmente de la prevención de la tortura. Porque la presión internacional va a ser determinante a la hora de obligarles a acabar de una vez por todas con esa terrible lacra.
En nuestras manos está el conseguirlo.
Xabier MAKAZAGA, autor do Manual del torturador español
Fonte: Gara
